Dios abandona a Felipe, un auténtico estratega: "Nunca he sido partidario de contratar empresas familiares" Y ¿qué hicieron?

La Fiscalía ya está encima del asunto. Puede o no haber delito, pero la denuncia del PSOE contra la Junta de Gobierno Local (GICA-PP) por haber pagado supuestamente más de medio millón de euros a familiares directos ya está siendo investigada. En septiembre ya están llamados a pasar por el banquillo.
Según la denuncia del PSOE de Carboneras, desde julio de 2011 hasta 2017 GICAR-PP han pagado:

• 150.845,75 euros al bar del padre del alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela.
• 104.566 euros al gabinete jurídico del primo del alcalde.
• 96.561,34 euros a la carpintería del hermano del portavoz del PP y concejal de Urban

  ismo, Salvador Alarcón.
• 113.199,94 euros a una tienda de deportes regentada por primas hermanas del exalcalde Salvador Hernández.
• 42.138,02 euros la floristería de la hermana del exalcalde.
• 12.531,68 euros al hermano del exalcalde.

  
  

  
  

Las declaraciones del alcalde Felipe Cayuela y antes concejal de Hacienda, en la VOZ DE ALMERÍA no tienen desperdicio:

Felipe dice claramente que nunca fue partidario de contratar con empresas familiares pero que hay servicios que sólo ellos lo pueden prestar en diferentes ocasiones y que no se ha incumplido la Ley porque esto depende del Ayuntamiento y no de ellos como personas por sugerir o decir que se contrate con esa empresa. Creo que se debería preparar un poquito mejor el argumentario ante una denuncia de este calibre:

Porque el holding de la calle Sorbas no tiene servicios exclusivos: comidas, bebidas, churros, habitaciones... creemos que hay muchos en Carboneras que pueden también ofrecerlo salvo que se nos escapen algunos detalles de estas operaciones.

Gabinetes jurídicos nos imaginamos que también hay muchos en España no?

Flores, maderas, material deportivo... nos ha parecido ver que en el listado de empresas que contribuyen con impuestos y con base en Carboneras hay también unas cuantas. ¿Había concurso público?

Si es legal o no, la Fiscalía ya decidirá según las declaraciones pero lo que está claro que tienen una actitud lejos de la ética que debería tener un gobernante que quiere a su pueblo y apuesta por el bienestar social de sus ciudadanos e impulsar la economía de su pueblo. No se cortan ni un pelo en las contrataciones, mientras que el pueblo vive auténticas situaciones de dejadez y desconcierto tanto en sus servicios básicos como en la Policía Local, etc.